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martes, 26 de agosto de 2014

LA LIBERTAD DE OPINIÓN SE DEFIENDE PERMITIENDO OPINAR


Por: James Cifuentes Maldonado


Inspirado en una columna de María Jimena Duzán en la revista SEMANA, “El derecho a decir estupideces”, a cuyo contenido me adhiero, me han surgido las siguientes reflexiones:

Modular el ejercicio de la opinión es una medida inconveniente o contraproducente, porque, hacerlo en razón de unos cuantos irresponsables, al final implicaría acallar la voz del colectivo. Como dice la sabiduría popular, sería peor el remedio que la enfermedad.
La libertad de expresión es un derecho constitucional, superior y sagrado, que subsiste y cobra mayor valor cuando los imprudentes, los estúpidos y los delirantes abusan del mismo y, aun así, el Estado y la sociedad se mantienen firmes en proclamarlo y no regularlo, porque, si así se hiciera, se daría gusto a quienes imponen su voz como una forma de matoneo moral para cuidar sus intereses y se estaría poniendo una mordaza a aquellos que efectivamente tienen algo importante y valioso para decir.  La censura es la semilla de la anarquía que lleva al silencio que a su vez propicia las dictaduras.
El libre pensamiento y la opinión son prerrogativas de los pueblos civilizados, que no están exentas de riesgos y de excesos, como, por ejemplo, las salidas destempladas y de mal gusto de personajes como la representante Maria Fernanda Cabal que mandó a Gabo al infierno, por estar en una orilla ideológica diferente, o el Representante aquel que dijo que invertir en el Chocó era como perfumar un bollo; sin mencionar los muchos desafueros del expresidente Uribe, cubiertos con impunidad con su mal llamado “teflón” y con su arrogancia. Pero esos son sapos que nos debemos tragar, con tolerancia y paciencia, para que todos podamos seguir opinando; de eso se trata.
Defender la voz de un solo individuo, así sea la de un necio o un impertinente, es la garantía fundamental para la supervivencia de la democracia. Que en un caso particular una opinión se desborde y termine lesionando los derechos de una persona en específico, es un asunto que se debe dilucidar en la instancia judicial pertinente, porque, en general, lo esencial es que la gente pueda expresarse, por supuesto con responsabilidad.  
Porque, para escuchar al cantor es inevitable escuchar el ruido de fondo que se opone a su canto.