RELIGION, POLITICA Y NEGOCIOS

Por: James Cifuentes Maldonado.

Sobre la ley 1710 de 2014, con la cual se rinden honores a la Madre Laura, como ilustre Santa colombiana, cuya legalidad está siendo examinada actualmente por la Corte Constitucional, hay que decir que, en un Estado laico, es un despropósito que exista un acto administrativo con ese alcance, sustentado en títulos otorgados por jerarcas religiosos cuyos criterios y dogmas son, por naturaleza, ajenos a los asuntos de la constitución.

De hecho, que el Presidente de la República, con 200 personas más, en comitiva oficial, asistiera al acto de declaración de la santidad de la Madre Laura, además de ser un derroche, desvirtúa la neutralidad que el gobierno debe tener frente a temas meramente confesionales. 

¿Si a la célebre María Luisa Piraquive, líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y del partido MIRA, le concedieran un grado de santidad, debería el presidente asistir a su exaltación? ¿Cierto que no cuadra? En el caso de los santos del Vaticano no debería ser distinto; que se trate de la religión católica y el hecho de que esa congregación, en teoría, agrupe la mayor parte de la población nacional, no hace la diferencia.

Si bien política y religión son temas que históricamente y por conveniencia han ido de la mano, el mundo civilizado ha ido separándolos y Colombia no puede retroceder ni renunciar a la conquista que ha significado para los derechos civiles, y especialmente para las minorías, la desvinculación del Sagrado Corazón de Jesús, con ocasión de la constitución de 1991.

La ley dispone perlas como estas: 

“Autorícese al Gobierno Nacional para que la Santa Madre Laura Montoya sea consagrada como la patrona del magisterio de Colombia”.  

“Se declara al municipio de Jericó como de Alto Potencial para el Desarrollo Turístico, especial en los productos religiosos y culturales (museos y centros históricos), para lo cual el Gobierno promoverá las inversiones en infraestructuras turísticas necesarias para alcanzar el objeto planeado en este artículo”.

La piadosa ley, además de exótica, se confunde entonces con el Plan de Desarrollo de Jericó, Antioquia, que es competencia de su Alcalde, quien perfectamente puede impulsar el progreso de su municipio, sin necesidad de que el Congreso refrende santidades que ya están reconocidas por la iglesia y acogidas espontáneamente por el pueblo en su sabiduría.

No discuto los méritos de la Madre Laura, como tampoco los de muchos otros colombianos que han consagrado su vida a la enseñanza, pero, si sus actos y obras, además, son valorados desde la perspectiva de una determinada creencia religiosa, ello se sale del ámbito de los asuntos del Estado. Porque para el Estado, jurídicamente, existen ciudadanos ejemplares, pero no santos.

¿Y qué dijo el procurador?

Como era de esperarse, la posición  de la procuraduría en defensa de la mencionada ley se ha dado ” in extenso”, categórica, sin hipocresías, sin ahorros argumentativos y sin eufemismos para sugerir, sin pena ni sonrojos, que ordenar el desplazamiento  a Jericó de  la mesa directiva del congreso, acompañado del señor Presidente, para rendir homenaje a la Santa Madre, al igual que la construcción de un mausoleo para la peregrinación de los fieles, la emisión de una moneda conmemorativa, la construcción de una escultura, la pavimentación de una  carretera y la implementación de un plan de  desarrollo turístico para Jericó y pueblos aledaños, constituye un acto de natural igualdad religiosa y de pluralismo.

Extraña uno como el señor procurador no tiene esa misma apertura ideológica, la misma recursividad jurídica  y esa misma grandeza para juzgar otros asuntos que atañen a grupos poblacionales más relegados y más necesitados de su comprensión y sobre todo de su protección, como se lo exige la constitución. 

Porque a decir verdad, a la iglesia católica le sobran los abogados de oficio y los medios suficientes para construir mausoleos y estatuas, sin recurrir a los dineros públicos, que se supone el procurador debe defender. Igualmente no es necesario ni presentable  que, bajo el pretexto de la exaltación de una santidad fabricada en Roma, se  imponga por decreto el traslado y la concentración de recursos para favorecer a una región en detrimento de otras con menos oportunidades. Pero eso, al señor procurador, le parece de lo más normal y democrático.  ¿Será qué pasaría lo mismo, si por cosas de la vida el señor Procurador Ordóñez fuera un evangélico de iglesia de garaje y no un caballero de la virgen?