Por James Cifuentes Maldonado
Ya
llegará el día en que la sociedad
colombiana se ponga a tono con la modernidad y tengamos la sensatez de ubicar
la religión, la moral y los prejuicios
en un lado y los derechos ciudadanos en el otro. La camándula en una mano y los
códigos en la otra.
Desde
la promulgación del constitución de 1991 el Estado colombiano no es confesional,
por lo tanto los derechos civiles y sociales de la personas no pueden ser
medidos con la regla de ninguna creencia religiosa; uno entiende que en su
momento el Estado laico fue un concepto jurídico y sociopolítico revolucionario
en la cultura de nuestro país, pero hay que hacer conciencia en que ya han pasado 24
años, y podría decirse que hoy toda una generación de nuevos colombianos observan
confundidos cómo la vieja guardia nos complicamos en debates estériles, sectarios y delirantes, que
a estas alturas de la vida nos hacen sentir en el siglo antepasado.
Una
pareja gay o lesbiana legalmente casada, ante la fe pública y ante el Estado no
lesiona los derechos ni los intereses de nadie, sencillamente porque, desde su
esfera personalísima e intima, no tiene como hacerlo, por eso, negarle el derecho de unirse ante los ojos de la ley o de conformar una familia es un acto
bárbaro de discriminación y de gran hipocresía, teniendo en cuenta que ya hoy
por hoy se les reconocen efectos legales a las uniones maritales de hecho conformadas
libremente por homosexuales.
Las
parejas heterosexuales suelen ser disfuncionales y afrontan todos los problemas
imaginables de convivencia precisamente por ser pareja, porque, por naturaleza,
eso de conformar un hogar y una familia es un lío, y no propiamente por la orientación sexual. Fenómenos
como La inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, el abandono y los
actos que tristemente se han vuelto frecuentes en este país, en los que madres
y padres desquiciados asesinan a sus hijos, son comportamientos que constituyen
los síntomas de una sociedad enferma, enferma de depresión, de ignorancia y
desesperanza, pero de ninguna manera enferma de homosexualismo, porque la
homosexualidad es una condición humana, no es una patología y ni siquiera es
una decisión. En este orden de ideas, no
existe base ni medida objetiva para afirmar que un menor tendrá mayores riesgos si es adoptado
por una pareja homosexual que si lo es por una pareja heterosexual.
Aberrante
no es la homosexualidad, la aberración es que muchos de los individuos que descubren
tener esa condición, que en mi opinión han sido premiados con un cumulo de
virtudes y valores, que los heterosexuales muchas de las veces no tenemos o
poco cultivamos, como la capacidad de emprendimiento, la sensibilidad artística y la
creatividad, sean condenados por su
familia y por la comunidad a vivir la mentira de mostrarse como la gente quiere
y no como lo que son, predicamento absurdo en el que todos terminamos perdiendo.
A
propósito de la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional, hay que
decir que nunca como antes ha sido tan grande la nostalgia por esa corte juiciosa
pero también audaz y “pantalonuda” de hace ya casi 20 años, que empezó a interpretar y a desarrollar la constitución en función de ella misma, de
sus principios y valores, de la prevalencia de los derechos y libertades individuales
y colectivas de los ciudadanos, ya no al
servicio de credos ni embelecos morales, ni fanatismos. Esa corte de ilustres juristas que, como
quijotes, desafiaron el desorden establecido y llenaron los vacíos normativos,
para concretar los derechos, a riesgo de ser señalados de usurpadores de la
función legislativa.
Convalidar
la adopción de menores por parte de una pareja homosexual, bajo la condición de
que uno de los adoptantes debe ser el padre o la madre biológicos, es la salida
más tibia y más acomodada que se le ha visto a ese alto tribunal, queriendo
quedar políticamente correcto, prendiéndole
una vela a dios y otra al diablo,
lo cual es lamentable porque, como dijera el Defensor del Pueblo, Jorge Armando
Otálora, “Existían elementos de juicio
suficientes” para permitir la adopción de niños por parte de parejas del
mismo sexo, sin limitación alguna, y por
consiguiente se ha perdido un gran oportunidad.
Porque
es claro que, dada la forma en que se llega a ser congresista en Colombia, la
falta de preparación y los vicios de la clase política, el Congreso colombiano aun no tiene la estatura para asumir la responsabilidad de hacer valer
los derechos de las minorías y dar el salto progresista que requiere la
sociedad colombiana. Allá en el congreso,
el patrón Uribe, sus carnitas y sus huesitos y su séquito de áulicos, el eterno
senador Gerlein con su noción del “sexo
excremental” y otros especímenes de ese zoológico que se resisten a mudar
de piel o a desaparecer, montarán su sainete y su circo y leyes como la del aborto,
la eutanasia, el matrimonio gay y la adopción homoparental, seguirán esperando a
una nueva generación que las haga realidad, leyes necesarias para construir un país
más democrático y más justo.

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