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viernes, 20 de febrero de 2015

DE LA HOMOFOBIA, LA RELIGION Y OTRAS YERBAS Y EMBELECOS.





Por James Cifuentes Maldonado


Ya llegará  el día en que la sociedad colombiana se ponga a tono con la modernidad y tengamos la sensatez de ubicar la religión,  la moral y los prejuicios en un lado y los derechos ciudadanos en el otro. La camándula en una mano y los códigos en la otra.  

Desde la promulgación del constitución de 1991 el Estado colombiano no es confesional, por lo tanto los derechos civiles y sociales de la personas no pueden ser medidos con la regla de ninguna creencia religiosa; uno entiende que en su momento el Estado laico fue un concepto jurídico y sociopolítico revolucionario en la cultura de nuestro país, pero hay que hacer conciencia en que ya han pasado 24 años, y podría decirse que hoy toda una generación de nuevos colombianos observan confundidos cómo la vieja guardia nos complicamos  en debates estériles, sectarios y delirantes, que a estas alturas de la vida nos hacen sentir en el siglo antepasado.

Una pareja gay o lesbiana legalmente casada, ante la fe pública y ante el Estado no lesiona los derechos ni los intereses de nadie, sencillamente porque, desde su esfera personalísima e intima, no tiene como hacerlo,  por eso, negarle el derecho de unirse ante los ojos de la ley o de conformar una familia es un acto bárbaro de discriminación y de gran hipocresía, teniendo en cuenta que ya hoy por hoy se les reconocen efectos legales a las uniones maritales de hecho conformadas libremente por homosexuales. 

Las parejas heterosexuales suelen ser disfuncionales y afrontan todos los problemas imaginables de convivencia precisamente por ser pareja, porque, por naturaleza, eso de conformar un hogar y una familia es un lío,  y no propiamente por la orientación sexual. Fenómenos como La inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, el abandono y los actos que tristemente se han vuelto frecuentes en este país, en los que madres y padres desquiciados asesinan a sus hijos, son comportamientos que constituyen los síntomas de una sociedad enferma, enferma de depresión, de ignorancia y desesperanza, pero de ninguna manera enferma de homosexualismo, porque la homosexualidad es una condición humana, no es una patología y ni siquiera es una decisión.  En este orden de ideas, no existe base ni medida objetiva para afirmar que  un menor tendrá mayores riesgos si es adoptado por una pareja homosexual que si lo es por una pareja heterosexual.

Aberrante no es la homosexualidad, la aberración es que muchos de los individuos que descubren tener esa condición, que en mi opinión han sido premiados con un cumulo de virtudes y valores, que los heterosexuales muchas de las veces no tenemos o poco cultivamos, como la capacidad de emprendimiento,  la sensibilidad artística y la creatividad,  sean condenados por su familia y por la comunidad a vivir la mentira de mostrarse como la gente quiere y no como lo que son,  predicamento absurdo en el que todos terminamos perdiendo.

A propósito de la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional, hay que decir que nunca como antes ha sido tan grande la nostalgia por esa corte juiciosa pero también audaz y “pantalonuda” de hace ya casi 20 años,  que empezó a interpretar y a desarrollar  la constitución en función de ella misma, de sus principios y valores, de la prevalencia de los derechos y libertades individuales y colectivas de los ciudadanos,  ya no al servicio de credos ni embelecos morales, ni fanatismos.  Esa corte de ilustres juristas que, como quijotes, desafiaron el desorden establecido y llenaron los vacíos normativos, para concretar los derechos, a riesgo de ser señalados de usurpadores de la función legislativa.

Convalidar la adopción de menores por parte de una pareja homosexual, bajo la condición de que uno de los adoptantes debe ser el padre o la madre biológicos, es la salida más tibia y más acomodada que se le ha visto a ese alto tribunal, queriendo quedar políticamente correcto, prendiéndole  una vela a  dios y otra al diablo, lo cual es lamentable porque, como dijera el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, “Existían elementos de juicio suficientes” para permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, sin limitación alguna, y por consiguiente se ha perdido un gran oportunidad.

Porque es claro que, dada la forma en que se llega a ser congresista en Colombia, la falta de preparación y los vicios de la clase política, el  Congreso colombiano aun no tiene la estatura  para asumir la responsabilidad de hacer valer los derechos de las minorías y dar el salto progresista que requiere la sociedad colombiana.  Allá en el congreso, el patrón Uribe, sus carnitas y sus huesitos y su séquito de áulicos, el eterno senador Gerlein con su noción del “sexo excremental” y otros especímenes de ese zoológico que se resisten a mudar de piel o a desaparecer, montarán su sainete y su circo y leyes como la del aborto, la eutanasia, el matrimonio gay y la adopción homoparental, seguirán esperando a una nueva generación que las haga realidad, leyes necesarias para construir un país más democrático y más justo.


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