Por: James Cifuentes Maldonado.
El terrorismo es la forma más repudiable
con la que la subversión se hace sentir para ganar notoriedad y posición política,
porque su tamaño como organización, su desprestigio y su ínfima capacidad operativa
y de convocatoria social no les da para acciones civilizadas.
Pero el terrorismo tiene un
inmenso costo para quienes lo practican porque cada vez más los deslegitima
frente a su causa y las FARC lo saben y por eso se sentaron en la mesa de
negociación. Esto no significa que las
FARC, a pesar de su desgaste, ya sentadas en la mesa, renuncien a la
oportunidad histórica de transformar su lucha armada en participación política
y democrática.
Por lo anterior, la palabra
rendición no está en la agenda y en esto los colombianos tenemos que ser muy
realistas. Aquí lo razonable, y que es difícil
de asimilar por parte de los escépticos de la paz, es que deben propiciarse los
espacios y mecanismos para la reinserción de los insurgentes, obviamente en
este empeño debe asegurarse: la dejación de las armas, el establecimiento de la
verdad sobre todas las situaciones no reveladas frente a las víctimas del
conflicto y por supuesto, la solicitud de perdón a la sociedad, con una forma
viable de resarcimiento y la aplicación de penas alternativas, que no pueden ser “ojo
por ojo ni diente por diente”, que eliminen razonablemente la sensación de
impunidad que atormenta a las víctimas y a la sociedad en general, porque en
todo caso la negociación de la paz no puede ser la negociación de la venganza.
El proceso de paz, para que pueda
adelantarse, así sea con terroristas, parte del supuesto o de la ficción de que
las partes se asumen como interlocutores diferentes pero válidos que tienen algo para pedir y
algo para dar, a pesar de que las convicciones de esas mismas partes fuera de
la mesa o incluso las convicciones o sentimientos de la misma sociedad indiquen lo contrario, si
no es así, no hay proceso y no hay negociación.
Sentarse a la mesa necesariamente supone que
hay que hacer reconocimientos; de parte de la guerrilla lo mínimo es admitir que
la lucha armada y los medios ilegales de financiamiento deben parar, por
anacrónicos, porque le hacen daño a la sociedad y no se justifican, y de su
parte el Estado a través del Gobierno por lo menos debe admitir que hay una
realidad social y unas instituciones que pueden ser mejores.
Lo más importante, y que ha sido el compromiso del actual gobierno es que, sea lo que sea que se negocie y que se acuerde en la mesa de la Habana en el actual proceso de Paz, deberá ser validado por el pueblo a través de la instancia democrática correspondiente.
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