LA GRAN ESTAFA

Imagen tomada del Mundo de Medellín

Por: James Cifuentes Maldonado

En los barrios populares las ventas de arepas son tradicionales; la arepa es un imperativo de la dieta paisa, más que cualquier otro alimento, y es sabido que hasta suelen darse filas para comprarlas.  Pues bien, algún día, en uno de estos barrios, alguien cayó en cuenta que en cada cuadra, o en varias cuadras a la redonda, solía haber una sola venta de arepas y decidió montar su propio puesto en la mitad de la cuadra; era tanta la demanda que el negocio siguió siendo bueno, es decir que las dos ventas de arepas tenían buenos resultados, por tal motivo un tercer emprendedor decidió instalar una nueva venta en el otro extremo de la cuadra. Pero con este último puesto las cosas no resultaron tan promisorias, porque, por alguna razón extraña, el primer puesto seguía vendiendo a muy buenos niveles, el segundo ya no vendía como cuando se instaló y el tercero no despegaba. 

En estas circunstancias al dueño del tercer puesto se le ocurrió conversar con los otros dos vendedores y proponerles que, para asegurar el equilibrio en las ventas y los ingresos para todos, pusieran un mismo precio por unidad al apetecido alimento, por lo tanto, a partir del acuerdo, las arepas ya no se venderían a $300 sino a $400. Luego de montado el cartel, lo que se notó fue que, por el incremento del precio, las personas ya no siguieron demandando tantas arepas ni siquiera las del puesto más antiguo, ni del segundo y mucho menos del tercero, sino que lentamente fueron buscando sustitutos, el vecindario empezó entonces a comer más pan, más tortillas, más cereal, incluso más arepas precocidas de supermercado; así, los tres venteros artesanales se quebraron y terminaron cerrando sus puestos.  

Guardadas las proporciones, pero con la misma perversión, es lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido encontrando en otros negocios de mucha mayor escala y de muchos más millones involucrados, como por ejemplo el de la caña de azúcar, el de los pañales y el papel higiénico, el de los medicamentos y otros, con la diferencia de que, si el precio de las arepas sube, pues la gente come pan, pero si los pañales suben o sube la insulina, no hay opción.

Lo normal que debe suceder en una economía evolucionada, con relación a los bienes y servicios, es que haya mucha oferta y por lo tanto competencia, lo cual debería incidir en la calidad y el precio, ya que la combinación justa de estos dos factores representa el cielo para el consumidor final en un mercado perfecto. Por el contrario en un mercado monopólico o sin control de la oferta, los sobrecostos y las ineficiencias terminan siendo reflejadas de manera artificial y descarada en el precio. 

El control de precios puede darse de dos maneras, primero mediante la regulación del Estado, lo cual es el peor de los mundos, porque limita el desarrollo natural de la economía y conlleva a otros tipos de corrupción, como la especulación; y una segunda forma es la autorregulación del mercado, es decir, permitir que los proveedores y los consumidores en una relación leal y transparente, bajo las reglas de la demanda y la oferta, en sana y abierta competencia, definan libremente el valor de las cosas.

Ubicados entonces en este último escenario, es que podemos decir, categóricamente, que lo hecho, al parecer, en los últimos 15 años por los fabricantes de pañales y de papel higiénico en Colombia, con alcances trasnacionales, no son meras travesuras de niño. A mi juicio más que un fraude, del que en buena hora se ha ocupado la Superintendencia, es toda una estafa que debería llevar a la cárcel a los responsables; toda una bellaquería, que pisotea el principio de la buena fe de los consumidores a los cuales se nos ha metido literalmente la mano al bolcillo, al tener que pagar más de lo razonable por artículos de primera necesidad. Un crimen que se agrava si uno piensa en una madre soltera de estrato 1, que ha debido pagar paquetes de pañales a $20.000, que pudo haber pagado a $15.000 o menos.

En la historia del "cartel de las arepas" hubo justicia, la justicia divina por supuesto, pero en el episodio del cartel de los pañales difícilmente puede haberla, primero porque las sanciones para los fabricantes son irrisorias; se estima que las multas serían del orden de los sesenta mil millones de pesos, lo cual pareciera mucho, pero realmente es una bicoca frente a los réditos del "tumbis" que rondan los dos billones de pesos, según cálculos apenas preliminares.  Una millonada que ya se gastaron en lujo e inmerecidos privilegios los distinguidos empresarios y los ejecutivos del mercadeo sin escrúpulos; platica que nunca recuperaremos.

El cartel de los pañales habría sido entonces una operación criminal sin atenuantes, porque fue ejecutada sistemáticamente, de manera premeditada y continuada en el tiempo; todo un concierto para delinquir, orquestado por profesionales que dejaron de lado sus principios éticos, abandonando el reto de competir con calidad y eficiencia, para convertirse en meros mafiosos.  

Para finalizar, retomando la historia inicial de las arepas, hay que decir que en términos generales, cada uno de los tres vendedores podía ofrecer su producto al precio que le pareciera, ello dependería de los atributos del mismo, es decir, del tamaño de las arepas, la forma, el empaque o los valores agregados que le incorporara, porque el productor tiene que correr el riesgo de su propia oferta, por su parte el cliente libremente decide su compra según su gusto y disponibilidad económica; lo que no podían los vendedores de arepas era imponer de manera concertada un nivel de precios, con la intención de engañar al público, asegurando altos ingresos y cuotas de mercado, aun con costos ineficientes, sin competir, porque la ausencia de competencia significa la dictadura de los proveedores y es claro que, en la economía moderna y en esta sociedad cada vez más preparada, es preferible la dictadura de los consumidores, por aquello de la voz del cliente, aunque no siempre tengan la razón.

 

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