I TO PANAMA

Por James Cifuentes Maldonado

Desapruebo y me repugna la forma descarada como algunos medios de comunicación, so pretexto de hacer patria y defender los intereses económicos nacionales, están atizando el pequeño incendio que se generó con las medidas del gobierno colombiano de declarar paraísos fiscales a aquellas naciones que se niegan sistemáticamente a colaborar con el intercambio de información financiera, para meter en cintura a los evasores de impuestos que mueven sus fortunas cómodamente a través de bancos en el extranjero y particularmente en Panamá. 

Apelan, algunos periodistas, de manera servil y como cajas de resonancia de los grandes capitalistas, a argumentos como que en Panamá se desatará una cascada de medidas restrictivas para la inversión colombiana o que se iniciará una escalada xenofóbica en contra de los 300 mil colombianos que residen en ese país. 

No puede negarse que los intereses en términos de dinero son muchos y que el impacto puede ser grande, pero es inadmisible que se acorrale a una administración con el falso dilema de que la medida es inconveniente o inoportuna, cuando lo que está de por medio es una cuestión eminentemente de legalidad, y que se resume simplemente en que la guerra contra los evasores de impuestos no puede tener miramientos, treguas ni excepciones y el combate a la evasión tiene que darse con la misma intensidad tanto dentro como fuera del país.  Aquí lo que hay es un gran chantaje ante el cual el gobierno el cual el gobierno no puede ceder; Santos no aguanta un reverzaso más. 

Pasar por alto que no declarar el patrimonio situado en el exterior por parte de cualquier colombiano es una falta grave y que en, los casos de ocultamiento de grandes activos, está tipificada como delito, es tanto como admitir que los expendios de bazuco y marihuana, las denominadas “ollas” deben seguir funcionando porque son fuente de ingresos de muchas personas, ignorando el fondo de descomposición social y de violencia que ello encierra. 

Ahora, algún desprevenido dirá que la comparación entre los jíbaros de las ollas y los evasores de impuestos es descabellada, ante lo cual hay que anotar que no hay diferencia alguna. La actividad ilegal de traficar con drogas genera inseguridad y millones de adictos, situaciones que sumadas constituyen todo un problema de salud pública y por su lado la evasión de impuestos significa que muchos billones de pesos no entran al fisco, lo que se traduce en menos recursos que impiden que se ejecuten muchas obras y que sigamos en el subdesarrollo, lo cual también es un gran problema público, nada más y nada menos, porque en el Estado la pirinola por todas sus caras dice “todos ponen” y el que se sustrae de ese deber es un defraudador y, en casos extremos, un delincuente. 

Por lo tanto en el fondo de la moral pública no hay diferencia entre montar una olla y tener el patrimonio escondido en un paraíso fiscal para hacerle pistola a la administración de impuestos y a los colombianos honrados y cumplidos. 

En este contexto es que se entiende claramente por qué es que los ricos siempre serán más ricos y los pobres más pobres. Los ricos y los avispados ponen su plata en uno de los 90 bancos de ciudad de Panamá y al resto, de la clase media hacia abajo, nos esculcan hasta el alma con el “MUISCA” (base de datos de la DIAN),  para que declaremos hasta el bien más pequeño o hasta el último peso que tengamos, así nos toque pagar la liquidación tributaria con un préstamo bancario a 60 cuotas, ...que ironía.